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Demanda boliviana Contra Chile en la Cij

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Demanda boliviana Contra Chile en la Cij

por: Oscar Maúrtua de Romaña*

Para Bolivia la demanda es considerada una política de estado, que, como muy pocas veces en el país altiplánico ha unido a las diversas fuerzas políticas, empresarios y a la sociedad civil. Morales ha contado con el respaldo de cinco ex mandatarios y de seis ex cancilleres en el proceso. La Paz espera conseguir que la Corte Internacional de Justicia obligue a Chile a negociar directamente con el país altiplánico una salida al mar con soberanía.

El gobierno de Morales no ha escatimado esfuerzos y ha contratado un equipo de juristas internacionales para elaborar la memoria, entre los que destaca el británico Alan VaughanLowe, quien también formó parte del equipo jurídico que asesoró al Perú en su demanda ante la Corte de la Haya. La Paz argumenta que perdió 400 kilómetros de costa como consecuencia de la Guerra del Pacífico y que desde entonces ha reclamado sin éxito una salida soberana al mar.

En un principio, se creyó que la base del argumento Bolivia se centraría en los “derechos expectaticios“, es decir, las promesas incumplidas por Chile en negociaciones pasadas como por ejemplo el Acuerdo de Charaña de 1975.

Este acuerdo, suscrito por los dictadores Hugo Banzer y Augusto Pinochet, restableció las relaciones diplomáticas que estaban suspendidas desde 1962 y facilitó las futuras negociaciones para un hipotético canje de territorio entre Bolivia y Chile para resolver la aspiración marítima altiplánica. Sin embargo, el Perú, que debió ser consultado según el Tratado de Lima de 1929, objeto la fórmula y presentó una propuesta propia que fue rechazada por los otros gobiernos. La iniciativa se estancó para finalmente ser olvidada, con lo cual quedaron frustradas las expectativas bolivianas.

Sin embargo, dos días antes de que Bolivia presentara su memoria ante la Corte, el periodista Ricardo Aguilar en un suplemento del diario paceño La Razón, reveló que la demanda boliviana usaría como argumento central los denominados “actos unilaterales” de los estados que crean obligaciones, es decir, de las promesas unilaterales que Chile hizo a Bolivia de otorgarle una salida soberana al mar, le estarían obligando a cumplir con el ofrecimiento.

El razonamiento jurídico de Bolivia sería el siguiente: 1. Chile se ha obligado a solucionar el enclaustramiento a través de varios actos unilaterales. 2. Chile ha incumplido esa obligación. 3. La Corte debe ordenar a que Chile cumpla su obligación de negociar de buena fe en un determinado plazo.

La memoria Bolivia seguramente detallará cada una de las promesas incumplidas y toda la documentación que incluya la demanda estará dirigida a respaldar estos tres puntos principales.

Existe un antecedente en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre un caso similar con el que posiblemente Bolivia haya fortalecido su estrategia jurídica:en 1974 la Corte falló en un litigio presentado por Australia y Nueva Zelandia en contra de Francia por las pruebas nucleares atmosféricas en el Pacífico Meridional, estableciendo que las declaraciones hechas mediante actos unilaterales, respecto de situaciones jurídicas o de hecho, pueden tener el efecto de crear obligaciones jurídicas.

Dice la sentencia:

“Anunciando que la serie de pruebas atmosféricas en 1974 pueden ser las últimas, el Gobierno Francés da a conocer al mundo en su totalidad incluyendo a la Demandante, su intención efectiva de terminar éstas pruebas. Se debe asumir que otros Estados pueden tener en cuenta esas afirmaciones y confiar en que sean efectivas. (…) El objeto de estas afirmaciones son claras y ellas fueron dirigidas a la comunidad internacional en su totalidad, y la Corte mantiene que ella constituye un compromiso que posee efecto legal.”

Santiago, por su parte, sostiene que la demanda boliviana carece de sustento jurídico, por lo que le estaría siendo reforzada con componentes políticos y mediáticos, ya que en virtud del Tratado de 1904, ya se fijaron las condiciones de acceso de Bolivia al mar. Por otro lado, el Tratado del 1904 no puede ser revisador por ser anterior al Pacto de Bogotá de 1948.

Además, sería erróneo confundir la aspiración marítima con derechos que obligarían a Chile a otorgar acceso soberano producto de los diálogos que ambos países han sostenido en el pasado. Un derecho qué afectaría la integridad territorial de un país no puede inferirse en base de supuestos y expectativas.

Según el artículo 79 del reglamento de la Corte Internacional de Justicia, el gobierno chileno dispone de tres meses para presentar ante la Corte un mecanismo de excepciones preliminares(excepción a la competencia de la Corte o a la admisibilidad de la demanda),que es un recurso para paralizar el proceso judicial. Si Santiago no presenta estas excepciones preliminares, el caso seguiría un curso similar a la demanda peruana contra Chile sobre delimitación marítima.

La semana pasada se reunió en París el Canciller chileno Heraldo Muñozjunto con el equipo jurídicoconformado por juristas internacionales para evaluar el momento en el que se presentará este requerimiento de incompetencia ante La Haya. Existen dos opciones: previo al 15 de julio, fecha en que vence el plazo para presentar excepciones preliminares o hacerlo una vez que Chile presente la contramemoria en febrero de 2015.

En una reunión celebrada a principios de este mes, la presidenta Michelle Bachelet se reunió con los ex presidentes Patricio Aylwin, Ricardo Lados, Eduardo Frei y Sebastián Piñera, así como con los líderes de los principales partidos políticos, quienes habrían respaldado la decisión de impugnar la competencia de la Corte Internacional de Justicia en la demanda boliviana.

Los abogados extranjeros y chilenos a cargo de la defensa del país hanrecomendado a la Presidenta Bachelet no presentar el recurso de excepciones preliminares, como vía para plantear la incompetencia del tribunal, sino esperar para hacerlo en la presentación de la contramemoria, en febrero de 2015. Sin embargo, hasta la fecha, la mandataria no ha tomado una decisión definitiva respecto a este tema.

A diferencia del fallo emitido el 27 de enero por la Corte en el caso de la demanda peruana que fijó límites marítimos, en el supuesto de que se dé la razón a Bolivia, lo máximo que podrían obtener sería que Chile acceda a negociar una salida soberana al Pacífico, no existiendo garantías plenas de que finalmente la aspiración boliviana se concrete ni cuánto tiempo tomaría las rondas de negociación.

Recordemos que La Paz y Santiago en el año 2006, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, llegaron a elaborar en una agenda con trece puntos, que incluía el contencioso marítimo, aunque sin resultado satisfactorio, debido a las tensiones políticas y diplomáticas entre ambos gobiernos.

Sin relaciones diplomáticas a nivel de embajadas desde 1978, los vicecancilleres de ambos países firmaron en ese entonces un comunicado donde temas como " la integración fronteriza, el libre tránsito, la integración física, el tema marítimo, la complementación económica, los recursos hídricos de la frontera”, serían "temas relevantes" para chilenos y bolivianos.

La agenda de los trece puntos, archivada en la actualidad por ambos gobiernos, había logrado avances en asuntos como un corredor bioceánico, que entrelazaría puertos sobre el Atlántico con los del Pacífico, la rehabilitación de las conexiones ferroviarias entre las dos naciones, el libre tránsito ciudadano y el ahora conflictivo asunto hídrico: los manantiales del Silala y el río Lauca.

Hace dos años el canciller David Choquehuanca reiteró el carácter hemisférico del problema de la mediterraneidad de Bolivia ante la 41ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En esa misma cita, José Miguel Insulza, actual secretario general de la OEA, se refirió al tema como “un asunto bilateral”.

El canciller chileno Heraldo Muñoz ha asegurado que su país no tratará el tema marítimo en el ámbito bilateral porque ya se encuentra encaminado en la Corte Internacional de Justicia. Esto resta toda posibilidad de resolver el tema en una negociación directa entre gobiernos hasta el final del proceso de la demanda.

Recientemente la presidenta Bachelet había criticado el sesgo economicista de política exterior de la anterior administración, por lo cual Chile habría perdido presencia regional y que en su gobierno se fortalecería la integración con todos los bloques de la región. Santiago tendrá que diseñar una estrategia especial para engarzar este lineamiento de política exterior con la demanda planteada por Bolivia.

Por su parte, una de las tareas de la diplomacia boliviana será la de fortalecer las sumisión en Santiago, donde la representación es consular; así como, relanzar la imagen internacional de Bolivia ligada alOcéano Pacífico, al que había pertenecido desde mucho antes de la creación de la República.

*Ex Canciller del Perú y Director General de la Escuela de Relaciones Internacionales y Gobierno de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP)